Ley de Rentas: gobernadores accederán a ingresos a través de patentes y la tarificación vial por alta congestión

No sería extraño que las calculadoras se hayan activado en regiones. En los próximos meses, vía royalty o por rentas regionales, las autoridades de distintas zonas del país contarán con más recursos y más protagonismo en su gasto.

Se trata de otra etapa de la descentralización impulsada desde el Gobierno, que ayer tuvo un hito: con urgencia ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que fortalece a los gobiernos regionales (Gores) al dictar normas para su financiamiento y elevar la responsabilidad en la administración de los dineros.

A la par de las atribuciones, se elevan las obligaciones para los gobernadores, quienes deberán garantizar la sostenibilidad fiscal regional.

Esta normativa, que complementa la elección directa de los gobernadores regionales y la transferencia de competencias, abre la puerta a la generación de nuevas fuentes de ingresos propios y, para ello, se establece un procedimiento con la posibilidad de fijar tasas y aplicación de derechos, permisos por concesiones de Bienes Nacionales, entre otros, además de fortalecer la legislación vigente de ingresos por derechos y patentes de los gobiernos regionales de índole minera, geotérmica, del Código de Aguas y de acuicultura.

Lo anterior, en un marco donde se busca mejorar las fuentes de equidad interregional, consagrando un tratamiento uniforme de los fondos destinados a financiar ingresos regionales, con reglas claras comunes, criterios de funcionamiento y distribución, incorporando variables de equidad y reglas de coordinación con distintos mecanismos de financiamiento.

En esta línea, se revisa la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y se incrementa el porcentaje asignado directamente a los gobiernos regionales, desde el 90% actual a un 95%, desapareciendo el actual componente del 5% de eficiencia que se incluye en el presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

En cuanto al fondo de Apoyo Regional (FAR), se adicionarán estos recursos al FNDR, pero con destinación explícita para la inversión en transporte y conectividad.

En el caso del Fondo de Innovación para la Competitividad y el Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIRR) se incluirá al sector privado dentro de sus beneficiarios y se modificará su distribución, pasando a formar parte del Fondo para la Productividad y el Desarrollo.

También se crea el “Fondo de Equidad Interregional” como un mecanismo que se distribuirá mediante un algoritmo matemático, cuyo objetivo es compensar la distribución del FNDR, favorecer zonas extremas y territorios rezagados, pobreza multidimensional, reducir brechas territoriales respecto de parámetros nacionales, considerando además variables tales como la paridad de género, efectos del cambio climático, migración, entre otros.

Tarifa vial por congestión

La facultad para fijar tasas por el ingreso a áreas silvestres protegidas implicará que los Gores podrán cobrar hasta un 30% sobre las tarifas de estos parques.

El texto señala que utilizando como referencia los datos de Conaf sobre cantidad de visitas para 2018 y las tarifas vigentes en 2023, se proyecta que esta facultad podría implicar más ingresos para los Gores por hasta $ 3.998 millones anuales (casi US$ 5 millones al tipo de cambio actual), si se aplicara la tasa más alta autorizada.

Otra innovación es la facultad para fijar un derecho por el uso de infraestructura vial en casos calificados de congestión, lo que se traducirá en más entradas para los gobiernos regionales que dependerán de los criterios determinados en el reglamento para la fijación de tarifas y calificación de zonas de congestión vial.

El proyecto señala que, de acuerdo, a la información provista por el Ministerio de Transportes, la recaudación por dicho cargo sería del orden de $ 72.694 millones anuales (US$ 90,8 millones).

Equidad interregional

Las modificaciones relativas a patentes, como las antes mencionadas, implican para la Ley de Presupuestos de este año una estimación en transferencias a los Gore por $ 55.591 millones (US$ 69,4 millones).

El incremento en la proporción del FNDR de 90% a 95% involucrará unos $ 312.807 millones adicionales (US$ 391 millones) para ser distribuidos entre los Gores a través de parámetros objetivos.

Así, el Fondo de Equidad Interregional estará constituido por los recursos que se asignen anualmente en la Ley de Presupuestos, y su creación consagra en una ley permanente los recursos ya asignados. A modo de referencia, este año se contemplan $ 291.353,8 millones (US$ 364 millones) para estos objetivos.

En el caso de la recaudación directa de patentes, para 2023 se calculan mayores ingresos del orden de $ 31.574 millones (US$ 39,4 millones) para los Gores.

Regulación del gasto

La propuesta del Gobierno considera medidas y adecuaciones para generar un sistema financiero propio de los Gores, salvo en sus normas de información financiera, presupuestaria y contable, mediante un sistema similar al de las empresas públicas.

En la Ley de Presupuestos se considerarán montos globales para cada programa presupuestario de funcionamiento e inversión regional, siendo los Gores quienes distribuirán sus fondos debiendo ser aprobados por los Consejos Regionales.

La iniciativa reconoce la posibilidad de endeudamiento para financiar gastos de capital respecto de proyectos de inversión específicos con clara identificación regional. Esto se hará con el control del Ministerio de Hacienda.

Rendición de cuentas

A la par de las atribuciones, se elevan las obligaciones para los gobernadores, quienes deberán garantizar la sostenibilidad fiscal regional. Para esto, cada Gore deberá hacer una programación financiera de mediano plazo sobre inversiones y, así, evitar posibles déficits.

También se prohíbe que los Gore comprometan gastos que excedan el marco presupuestario autorizado, considerando un límite para comprometer presupuestos de inversión del gobernador siguiente, y se agrava la responsabilidad de las autoridades regionales, incluyendo la destitución en casos graves de mal manejo fiscal.

En pararelo, se establecen mecanismos de rendición de cuentas tales como la obligatoriedad de contar con informes de auditorías externas al final de cada administración.